Los procuradores ven mermada su perspectiva de sustento y sufren la agonía de sus despachos

Continuamos con una sucesión de huelgas encadenadas. Empezamos con los letrados de la administración de Justicia el pasado 24 de enero y continuamos con los funcionarios de Justicia y con el anuncio, ahora sin fecha, tanto de los jueces como de los fiscales. Prácticamente el servicio público de la Administración de Justicia se encuentra paralizado desde hace más de tres meses por reivindicaciones salariales ajenas tanto al justiciable como a los profesionales de Derecho. Actualmente somos los profesionales los que colaboramos de forma continua y sin descanso con la Administración de Justicia, sin nada a cambio, solo porque somos profesionales del Derecho. Situaciones respetables, pero ajenas, reivindicaciones ajenas a nuestro colectivo, pero con un gran impacto directo, tanto en el acceso a la Administración de Justicia por parte del ciudadano, que aspira a hacer valer su derecho, como para el profesional del derecho que, con la paralización de la Justicia, ve mermada su perspectiva de sustento, y la agonía lenta de sus despachos.

Actualmente estamos inmersos en unas situaciones incómodas para todos, en especial para los profesionales del Derecho, como somos los procuradores, abogados y graduados sociales, al vivir diariamente situaciones límite de difícil retorno. Existe un ambiente enrarecido en las sedes judiciales por las consecuencias del ‘parón de la Justicia’, al afectar directamente a los despachos profesionales, a los procuradores de los tribunales, profesionales liberales que viven de su trabajo, del desarrollo y finalización de los judiciales.
Apelamos a que no se pierda la perspectiva, a que no se pierda la cordura, a que no nos dejemos influenciar con cantos de sirena y estadísticas sobre quién puede parar más a la máquina de la Justicia. No olvidemos que todos formamos parte del engranaje de la misma, que todos caminamos juntos hacía una Justicia donde deben primar las tres ‘E’: Eficiencia, Eficacia y Efectividad, y por encima de todo: el Derecho al Servicio Público de la Administración de Justicia que tienen los ciudadanos.

Nosotros, los profesionales de la Procura, con nuestra intervención en los procedimientos, aportamos agilidad e impulso a los mismos, algo que en la situación que vivimos es prácticamente imposible, sumándose con ello una impotencia que nos invade a todos y que sinceramente espero que acabe lo antes posible, exhortamos a ese ansiado acuerdo por parte del Ministerio de Justicia con todos los operadores jurídicos. Sopena de vivir situaciones irreversibles.

Para finalizar, una última reflexión, que nunca pensé que podía decir: ‘Aquellos tiempos pasados siempre fueron mejores’, aquellos tiempos donde entrar a una sede judicial era entrar a un espacio común dónde prevalecía la tolerancia y donde todos llevábamos un mismo impulso, una misma dirección, la de favorecer el buen funcionamiento de la Administración de Justicia en beneficio del justiciable, con el espíritu de servicio público, poniendo al servicio de la Administración de Justicia, ese plus de esfuerzo, de persona, por parte de todos, para su correcto funcionamiento.

MARIA DOLORES CANTÓ CÁNOVAS
Decana del Iltre. Colegio de Procuradores de Murcia